lunes, 14 de abril de 2014

Acuerdos de paz del conflicto armado en El Salvador

 acuerdos de paz

1. Proceso de paz en el Salvador.
En Octubre de 1989, el Secretario General de las Naciones Unidas Sr. Javier Pérez de Cuellar, informó a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad sobre el Acuerdo suscrito el 15 de septiembre en la Ciudad de México entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para entablar un proceso de diálogo con el objeto de poner fin por la vía político al conflicto en El Salvador. En diciembre de 1989, en forma separada, el Gobierno del Presidente Alfredo Cristiani y el FMLN pidieron al Secretario General que les asistiera en la búsqueda de la paz. Esta idea también quedó reflejada en la declaración de los cinco presidentes centroamericanos en una reunión en San José, Costa Rica, en el mismo mes.
Los esfuerzos del Secretario General y de su representante personal para Centroamérica, Sr. Álvaro de Soto, se orientaron a buscar un formato que permitiera impulsar el proceso que se establecía bajo sus buenos oficios con el objeto de obtener el fin del conflicto armado en El Salvador. Tal marco quedó establecido en el llamado Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990, que señaló los cuatro objetivos del proceso:

  1. Terminar el conflicto armado por la vía política;
  2. Impulsar la democratización del país;
  3. Garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos; y
  4. Reunificar a la sociedad salvadoreña.
Una vez convenido el Acuerdo de Ginebra, las partes diseñaron una Agenda General y un calendario del proceso de negociación que fue firmado en Caracas el 21 de mayo de 1990. ahí se establecieron dos fases del proceso: acuerdos políticos en varios campos que permitieran el cese del enfrentamiento armado y luego el establecimiento de garantías y condiciones necesarias para la reincorporación del país. Conseguidas dichas garantías, se procedería a la discusión de otros acuerdos políticos que hubieran quedado pendientes.
El 26 de julio de 1990, las partes firmaron el primer Acuerdo en el proceso de negociación relacionado con el respeto irrestricto a los derechos humanos, que fue suscrito en San José y que lleva su nombre. El Acuerdo de San José fue luego la pieza fundamental para la creación de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) por resolución 693 (1991) del Consejo de Seguridad, que la estableció como una misión integrada para supervisar todos los acuerdos políticos celebrados entre el FMLN y el GOES, pero cuyo mandato, en su primera fase, quedaría circunscrito a la verificación de dicho Acuerdo.
Tanto el Acuerdo de San José sobre derechos humanos como la resolución 693 (1991) que creaba a ONUSAL fueron hechos sin precedentes en la historia de las Naciones Unidas. Es verdad que algo de la experiencia vivida en el proceso que llevó a la independencia de Namibia había sido incorporado en la resolución, al establecer la Misión como un ente integrado que incluirá personal civil y militar e incluso policial, pero la realidad de Namibia era distinta a la de Centroamérica por cuanto aquella correspondía a un país en una situación semicolonial. Era la primera vez que Naciones Unidas establecía una misión con un triple componente: una División de Derechos Humanos, otra Militar y una tercera de Observadores Policiales para verificar los acuerdos políticos a que llegaran de dos partes en un conflicto interno, en una negociación para la obtención de la paz bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas.
Durante las discusiones en el proceso de diálogo-negociación afloró uno de los verdaderos problemas que había originado el conflicto: la distribución de la tierra en un país pequeño y densamente poblado. En efecto, a medida que se lograban avances en la negociación, se hizo evidente que era menester enmendar la Constitución para incorporar los acuerdos en el ordenamiento jurídico salvadoreño. Se planteó entonces una alternativa: o bien se modificaba el artículo de la Constitución que establecía, precisamente, el mecanismo para modificarla de manera que se pudieran incorporar las enmiendas en el futuro, o se procedía a la modificación puntual de los artículos que se referían a los temas bajo discusión en la Mesa y que era necesario alterar. Se desató una fuerte polémica que dejó entrever la aprehensión de un sector importante del país que veía en este proceso un peligro para sus intereses económicos: la posibilidad de que se modificara la norma constitucional que establece una extensión mínima intocable de tierras.
La situación de la reforma constitucional ocasionó la primera crisis en el proceso de negociación. El hechos de que las modificaciones deberían ser aprobadas por la Asamblea Legislativa saliente, cuyo mandato expiraba el 30 de abril, para poder ser ratificadas por lanuela Asamblea a partir del 1° de mayo, impuso un calendario fatal que obligó a una maratónica negociación cuando se optó por la alternativa de las reformas puntuales a la Constitución.
El Acuerdo de México del 27 de abril de 1991 estableció reformas constitucionales para la Fuerza Armada, para el sistema judicial y de derechos humanos y para el sistema electoral. Creó, además, la llamada <<Comisión de la verdad>> para la investigación de los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, <<cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad>>. La asamblea Legislativa saliente aprobó las reformas la noche del 30 de abril, en forma dramática, en la última noche de su mandato. Sin embargo, la nueva Asamblea Legislativa ratificó todas las enmiendas. A excepción de las relacionadas con la Fuerza Armada, que dejó pendientes, a resultas de la negociación en dicho punto que se convertiría luego en el llamado <<nudo gordiano>> y que ocasionaba la segunda crisis en el proceso de negociación.
El 26 de julio de 1991 se estableció formalmente ONUSAL a lo largo y a lo ancho del territorio salvadoreño, para la verificación del respeto irrestricto a los derechos humanos. Antes, a partir del 1° de enero, se había establecido una Oficina Preparatoria con el objeto de evaluar la situación en el país y apoyar los buenos oficios del Secretario General en la negociación. El Acuerdo de San José disponía una verificación de Naciones Unidas luego de un cese del enfrentamiento armado, pero, con posterioridad, ambas partes solicitaron al Secretario General el establecimiento de la Misión propiamente dicha sin esperar el cese del fuego. El Secretario General envió una Misión Preparatoria, y con sus recomendaciones informó al Consejo de Seguridad, el que, por resolución 693 (1991), del 20 de mayo de 1991, estableció la Misión, la que tenía desde su instalación todos los elementos con que contaría en el futuro: funcionarios de derechos humanos, abogados, educadores, observadores militares y observadores policiales.
Aunque la División de Derechos Humanos era sólo el primer elemento de una operación integrada, marcó, sin embargo, el carácter predominante de la Misión, que se identificó plenamente con el tema de la defensa de los Derechos Humanos. Vista ahora, en perspectiva, la decisión de establecer la Misión de Verificación de Derechos Humanos en ausencia de una cese del enfrentamiento armado, se puede concluir, fue sabia, ya que coadyuvó precisamente a que las partes pudiesen llegar a los acuerdos finales de Nueva York, puesto que el despliegue de Naciones Unidas en el terreno y la vigilancia activa del respeto a los derechos humanos constituyeron un factor disuasivo que mejoró la situación interna del país y preparó el <<Camino a la Paz>> , como rezaba el afiche que se confeccionó con ocasión de la inauguración de la Misión.
Luego de los Acuerdos de México se produjeron innumerables encuentros entre el GOES y el FMLN, sin que se pudiesen registrar avances significativos en el proceso. Se había producido la segunda crisis. El FMLN exigía, para proceder al cese del enfrentamiento armado, el otorgamiento de garantías que le permitieran su reinserción en la sociedad civil en un ambiente de legalidad y seguridad. Era menester para ello comprimir la agenda adoptada en Caracas, de manera que se pudieran atacar todos los temas pendientes, discutiéndose en forma simultánea las especiales características que tendría un cese del enfrentamiento armado dentro de la realidad política y territorial de El Salvador.
Los cancilleres de los Estados Unidos de Norteamérica y de la entonces Unión Soviética pidieron al Secretario General que se involucrara directamente en el proceso, a efecto de romper la impasse que se había producido. El Secretario General estimó que el problema no era de carácter procesal, sino estructural, y que era menester encontrar una solución que permitiera otorgar las garantías suficientes que solicitaba el FMLN.
Coincidiendo con la participación del Presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas, se logró el Acuerdo de Nueva York, y se desató el llamado nudo gordiano mediante la creación de la Comisión Nacional para la Consolidación de la paz (COPAZ), y el acuerdo en principio sobre determinados puntos de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil y del tema económico y social. El Acuerdo de Nueva York abrió el camino a la obtención de la paz definitiva.
La comisión Nacional para la Consolidación de la Paz. (COPAZ) se constituía en el mecanismo de supervisión de los acuerdos entre el FMLN y el GOES, en forma paralela a la propia ONUSAL, con la diferencia de que mientras esta era un organismo internacional, aquella era un mecanismo interpartidario con representación de todas las tendencias políticas representadas en la Asamblea Legislativa.
No fue suficiente, empero, el impulso a la negociación dado por el Acuerdo de Nueva York. Surgieron fuertes corrientes de rechazo y de critica al Presidente y al Gobierno por haber accedido a viajar a Nueva York y a dar su visto bueno a los acuerdos. Esta oposición a la negociación vino acompañada de una campaña intimidatoria a la prensa internacional, a ONUSAL y a otras organizaciones acreditadas en El Salvador. Las legaciones se encontraban en ese momento en su segundo intento de llegar a acuerdos en San Miguel de Allende (México), cuando fueron requeridas para trasladarse a Nueva York, donde se emprendió una jornada intensa de negociaciones que concluyó, como es sabido con la firma del Acta de Nueva York, en la que las partes reconocieron haber alcanzado un acuerdo sobre todos los aspectos que se encontraban pendientes y convinieron en establecer un cese del enfrentamiento armado del 1° de febrero al 31 de Octubre de 1992. Se anunció que el acuerdo final de paz sería firmado en la Ciudad de México. El 16 de enero de 1992

Los Acuerdos de Paz de Chapultepec fueron un conjunto de acuerdos firmados el jueves 16 de enero de 1992 entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el Castillo de Chapultepec, México, que pusieron fin a doce años de guerra civil en el país.

Las primeras negociaciones entre gobierno y guerrilla fueron meros acercamientos al diálogo, sin obtener verdaderos acuerdos que derivasen en el fin del conflicto. Tras varias rondas de negociación, el número de víctimas seguía creciendo y la polarización política dificultaba la finalización pacífica del conflicto. En 1989, tras la intervención de Naciones Unidas, se iniciaron negociaciones que arrojaron acuerdos concretos para la salida consensuada al conflicto. Se nombraron comisiones negociadoras por ambas partes y se estableció una agenda para tratar los puntos álgidos por resolver. Como resultado de la negociación, se produjeron varios acuerdos y modificaciones de la Constitución de la República, que permitieron que ambas partes cedieran hasta lograr un consenso, en parte forzados por factores internos y externos que influyeron en las decisiones.

El documento final de los acuerdos se dividió en 9 capítulos que abarcan 5 áreas fundamentales: modificación de las Fuerzas Armadas, creación de la Policía Nacional Civil, modificaciones al sistema judicial y a la defensa de los Derechos Humanos, modificación en el sistema electoral y adopción de medidas en el campo económico y social. El cumplimiento de los acuerdos se dio bajo la tutela de una misión especial de Naciones Unidas, la cual dio un finiquito tras 3 años de gestión.

cinflicto armado 

Hacia 1979, la violencia entre el gobierno derechista y la oposición izquierdista degeneró en una guerra civil. La izquierda se organizó en la agrupación que buscaba recoger el testimonio de Farabundo Martí, el denominado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), liderado por Schafik Handal, Salvador Cayetano Carpio y Joaquín Villalobos, con apoyo de los sectores campesinos organizados en las zonas rurales y entre los sectores obreros urbanos. El 24 de marzo de 1980 el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, fue asesinado durante la celebración de una misa, en la capilla del hospital Divina Providencia. A medida que el conflicto avanzaba, la guerrilla obtuvo apoyo indirecto y directo también de Cuba, y el pleno respaldo del régimen sandinista de Nicaragua, una vez en el poder, tras el derrocamiento de la dictadura somocista de Anastasio Somoza Debayle el 19 de julio de 1979 por la guerrilla marxista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El Ejército Popular Sandinista (EPS) de ese país apoyó al FMLN enviándole armas de origen soviético, tales como los fusiles de asalto AK-47 y ametralladoras ligeras RPK, ambos de calibre 7,62 x 39 mm; las ametralladoras PKM de 7,62 x 54 R y las bazucas antitanque RPG-7 a través del Golfo de Fonseca. Se atribuyó la insurrección, la Ofensiva general de 1981 a inicios del mes de enero del mismo año, a una conspiración soviético-cubano-nicaragüense y el 23 de febrero se dio a conocer un documento elaborado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) demostrando el envío de armas a los guerrilleros salvadoreños desde Nicaragua. Muchos sandinistas dejaron sus hogares y se fueron a El Salvador a combatir del lado del FMLN.
El gobierno, por su parte, movilizó al ejército y a la policía a fin de combatir a la insurgencia. Con apoyo del gobierno norteamericano, se estableció los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI), entre estas unidades de élite, el denominado Batallón Atlacatl. El gobierno de Estados Unidos envió al ejército salvadoreño, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), fusiles de asalto M16 de 5,56 x 45 mm, que fue el más usado por la FAES; algunas unidades de esta usaron los fusiles de asalto Heckler & Koch G3 alemán, de 7,62 x 51 mm, IMI Galil israelí de la misma munición del M16 y el subfusil Uzi israelí de 9 mm. La FAES tenía varios helicópteros Huey y Md 500 de defensa estadounidenses artillados, como los usados en la Guerra de Vietnam, con los cuales patrullaban desde el aire las calles de la capital para descubrir a los subversivos, término despectivo con el cual se le decía a los guerrilleros. Se implantó el toque de queda a las 7 de la noche y el reclutamiento de menores de edad en la FAES aunque también hubo menores que lucharon en el FMLN.
En tanto, grupos de militares y policías al margen de la ley, con apoyo de empresarios y terratenientes, crearon los llamados escuadrones de la muerte, que se dedicaban a aterrorizar las zonas rurales y paupérrimas, de donde el FMLN obtenía su mayor apoyo.
En dos oportunidades (1981 con la Ofensiva general de 1981, y en 1989, con la Ofensiva hasta el tope) el FMLN intentó conquistar la ciudad capital, San Salvador, y las cabeceras departamentales sin conseguirlo, pues la FAES rechazó el ataque de los guerrilleros que bajaron de las montañas que rodean a la capital; en la última de las cuales la lucha llegó hasta pocas cuadras de la Casa Presidencial. Cuando el Presidente de Estados Unidos Ronald Reagan tomó posesión del poder el 20 de enero de 1981 presentó esa ofensiva, iniciada 3 semanas antes, como una prueba del avance soviético en Latinoamérica. Los gobiernos de México, Venezuela y Francia reconocieron al FMLN como una fuerza beligerante legítima

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