acuerdos de paz
1. Proceso de paz
en el Salvador.
En Octubre de 1989, el Secretario General de las
Naciones
Unidas Sr. Javier Pérez de Cuellar, informó a
la Asamblea General y al Consejo de Seguridad sobre
el Acuerdo suscrito el 15 de septiembre en la Ciudad de México
entre el Gobierno de El
Salvador y el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) para entablar un proceso de
diálogo
con el objeto de poner fin por la vía político al
conflicto en
El Salvador. En diciembre de 1989, en forma separada, el Gobierno
del Presidente Alfredo Cristiani y el FMLN pidieron al Secretario
General que les asistiera en la búsqueda de la paz. Esta
idea también quedó reflejada en la
declaración de los cinco presidentes centroamericanos en
una reunión en San José, Costa Rica, en el
mismo mes.
Los esfuerzos del Secretario General y de su
representante personal para
Centroamérica, Sr. Álvaro de Soto, se orientaron a
buscar un formato que permitiera impulsar el proceso que se
establecía bajo sus buenos oficios con el objeto de
obtener el fin del conflicto armado en El Salvador. Tal marco
quedó establecido en el llamado Acuerdo de Ginebra del 4
de abril de 1990, que señaló los cuatro objetivos del
proceso:
- Terminar el conflicto armado por la vía
política;
- Impulsar la democratización del
país;
- Garantizar el irrestricto respeto a
los derechos
humanos; y
- Reunificar a la sociedad
salvadoreña.
Una vez convenido el Acuerdo de Ginebra, las partes
diseñaron una Agenda General y un calendario del proceso
de negociación que fue firmado en Caracas el
21 de mayo de 1990. ahí se establecieron dos fases del
proceso: acuerdos políticos en varios campos que
permitieran el cese del enfrentamiento armado y luego el
establecimiento de garantías y condiciones necesarias para
la reincorporación del país. Conseguidas dichas
garantías, se procedería a la discusión de
otros acuerdos políticos que hubieran quedado
pendientes.
El 26 de julio de 1990, las partes firmaron el primer
Acuerdo en el proceso de negociación relacionado con el
respeto irrestricto a los derechos humanos, que fue
suscrito en San José y que lleva su nombre. El Acuerdo de
San José fue luego la pieza fundamental para la
creación de la Misión de
Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) por
resolución 693 (1991) del Consejo de Seguridad, que la
estableció como una misión integrada para
supervisar todos los acuerdos políticos celebrados entre
el FMLN y el GOES, pero cuyo mandato, en su primera fase,
quedaría circunscrito a la verificación de dicho
Acuerdo.
Tanto el Acuerdo de San José sobre derechos
humanos como la resolución 693 (1991) que creaba a ONUSAL
fueron hechos sin precedentes en la
historia de las Naciones
Unidas. Es verdad que algo de la experiencia vivida en el proceso
que llevó a la
independencia
de Namibia había sido incorporado en la resolución,
al establecer la Misión como un ente integrado que
incluirá personal civil y militar e incluso policial, pero
la realidad de Namibia era distinta a la de Centroamérica
por cuanto aquella correspondía a un país en una
situación semicolonial. Era la primera vez que Naciones
Unidas establecía una misión con un triple
componente: una División de Derechos Humanos, otra Militar
y una tercera de Observadores Policiales para verificar los
acuerdos políticos a que llegaran de dos partes en un
conflicto interno, en una negociación para la
obtención de la paz bajo los auspicios del Secretario
General de las Naciones Unidas.
Durante las discusiones en el proceso de
diálogo-negociación afloró uno de los
verdaderos
problemas que
había originado el conflicto: la
distribución de
la tierra en
un país pequeño y densamente poblado. En efecto, a
medida que se lograban avances en la negociación, se hizo
evidente que era menester enmendar la
Constitución para incorporar los acuerdos
en el ordenamiento jurídico salvadoreño. Se
planteó entonces una alternativa: o bien se modificaba el
artículo de la Constitución que establecía,
precisamente, el mecanismo para modificarla de manera que se
pudieran incorporar las enmiendas en el futuro, o se
procedía a la modificación puntual de los
artículos que se referían a los temas bajo
discusión en la Mesa y que era necesario alterar. Se
desató una fuerte polémica que dejó entrever
la aprehensión de un sector importante del país que
veía en este proceso un peligro para sus intereses
económicos: la posibilidad de que se modificara la norma
constitucional que establece una extensión mínima
intocable de tierras.
La situación de la reforma constitucional
ocasionó la primera
crisis en el
proceso de negociación. El hechos de que las
modificaciones deberían ser aprobadas por la Asamblea
Legislativa saliente, cuyo mandato expiraba el 30 de abril, para
poder ser
ratificadas por lanuela Asamblea a partir del 1° de mayo,
impuso un calendario fatal que obligó a una
maratónica negociación cuando se optó por la
alternativa de las reformas puntuales a la
Constitución.
El Acuerdo de México del 27 de abril de 1991
estableció reformas constitucionales para la
Fuerza Armada,
para el
sistema judicial
y de derechos humanos y para el sistema electoral. Creó,
además, la llamada
<<Comisión de la
verdad>> para
la investigación de los graves hechos de
violencia
ocurridos desde 1980,
<<cuya huella sobre la sociedad
reclama con mayor urgencia el
conocimiento público de la verdad>>. La
asamblea Legislativa saliente aprobó las reformas la noche
del 30 de abril, en forma dramática, en la última
noche de su mandato. Sin embargo, la nueva Asamblea Legislativa
ratificó todas las enmiendas. A excepción de las
relacionadas con la Fuerza Armada, que dejó pendientes, a
resultas de la negociación en dicho punto que se
convertiría luego en el llamado
<<nudo
gordiano>> y que ocasionaba la segunda crisis en el
proceso de negociación.
El 26 de julio de 1991 se estableció formalmente
ONUSAL a lo largo y a lo ancho del territorio salvadoreño,
para la verificación del respeto irrestricto a los
derechos humanos. Antes, a partir del 1° de enero, se
había establecido una
Oficina
Preparatoria con el objeto de evaluar la situación en el
país y apoyar los buenos oficios del Secretario General en
la negociación. El Acuerdo de San José
disponía una verificación de Naciones Unidas luego
de un cese del enfrentamiento armado, pero, con posterioridad,
ambas partes solicitaron al Secretario General el establecimiento
de la Misión propiamente dicha sin esperar el cese del
fuego. El Secretario General envió una Misión
Preparatoria, y con sus recomendaciones informó al Consejo
de Seguridad, el que, por resolución 693 (1991), del 20 de
mayo de 1991, estableció la Misión, la que
tenía desde su instalación todos los elementos con
que contaría en el futuro: funcionarios de derechos
humanos, abogados, educadores, observadores militares y
observadores policiales.
Aunque la División de Derechos Humanos era
sólo el primer elemento de una operación integrada,
marcó, sin embargo, el
carácter
predominante de la Misión, que se identificó
plenamente con el tema de la defensa de los Derechos Humanos.
Vista ahora, en perspectiva, la decisión de establecer la
Misión de Verificación de Derechos Humanos en
ausencia de una cese del enfrentamiento armado, se puede
concluir, fue sabia, ya que coadyuvó precisamente a que
las partes pudiesen llegar a los acuerdos finales de Nueva York,
puesto que el despliegue de Naciones Unidas en el terreno y la
vigilancia activa del respeto a los derechos humanos
constituyeron un factor disuasivo que mejoró la
situación interna del país y preparó el
<<Camino a la Paz>> , como rezaba el afiche
que se confeccionó con ocasión de la
inauguración de la Misión.
Luego de los Acuerdos de México se produjeron
innumerables encuentros entre el GOES y el FMLN, sin que se
pudiesen registrar avances significativos en el proceso. Se
había producido la segunda crisis. El FMLN exigía,
para proceder al cese del enfrentamiento armado, el otorgamiento
de garantías que le permitieran su reinserción en
la
sociedad civil en
un
ambiente de
legalidad y seguridad. Era menester para ello comprimir la agenda
adoptada en Caracas, de manera que se pudieran atacar todos los
temas pendientes, discutiéndose en forma simultánea
las especiales características que tendría un cese
del enfrentamiento armado dentro de la realidad política y
territorial de El Salvador.
Los cancilleres de los
Estados Unidos de
Norteamérica y de la entonces Unión
Soviética pidieron al Secretario General que se
involucrara directamente en el proceso, a efecto de romper la
impasse que se había producido. El Secretario General
estimó que el problema no era de carácter procesal,
sino estructural, y que era menester encontrar una
solución que permitiera otorgar las garantías
suficientes que solicitaba el FMLN.
Coincidiendo con la participación del Presidente
en la Asamblea General de Naciones Unidas, se logró el
Acuerdo de Nueva York, y se desató el llamado nudo
gordiano mediante la creación de la Comisión
Nacional para la Consolidación de la paz (COPAZ), y el
acuerdo en principio sobre determinados puntos de la Fuerza
Armada, de la Policía Nacional Civil y del tema
económico y social. El Acuerdo de Nueva York abrió
el camino a la obtención de la paz definitiva.
La comisión Nacional para la Consolidación
de la Paz. (COPAZ) se constituía en el mecanismo de
supervisión de los acuerdos entre el FMLN y
el GOES, en forma paralela a la propia ONUSAL, con la diferencia
de que mientras esta era un organismo internacional, aquella era
un mecanismo interpartidario con representación de todas
las tendencias
políticas
representadas en la Asamblea Legislativa.
No fue suficiente, empero, el impulso a la
negociación dado por el Acuerdo de Nueva York. Surgieron
fuertes corrientes de rechazo y de critica al Presidente y al
Gobierno por haber accedido a viajar a Nueva York y a dar su
visto bueno a los acuerdos. Esta oposición a la
negociación vino acompañada de una campaña
intimidatoria a la
prensa
internacional, a ONUSAL y a otras
organizaciones
acreditadas en El Salvador. Las legaciones se encontraban en ese
momento en su segundo intento de llegar a acuerdos en San Miguel
de
Allende (México), cuando fueron requeridas para
trasladarse a Nueva York, donde se emprendió una jornada
intensa de negociaciones que concluyó, como es sabido con
la firma del Acta de Nueva York, en la que las partes
reconocieron haber alcanzado un acuerdo sobre todos los aspectos
que se encontraban pendientes y convinieron en establecer un cese
del enfrentamiento armado del 1° de febrero al 31 de Octubre
de 1992. Se anunció que el acuerdo final de paz
sería firmado en la Ciudad de México. El 16 de
enero de 1992
Los
Acuerdos de Paz de Chapultepec fueron un conjunto de acuerdos firmados
el jueves 16 de enero de 1992 entre el Gobierno de El Salvador y el
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el Castillo
de Chapultepec, México, que pusieron fin a doce años de guerra civil en
el país.
Las
primeras negociaciones entre gobierno y guerrilla fueron meros
acercamientos al diálogo, sin obtener verdaderos acuerdos que derivasen
en el fin del conflicto. Tras varias rondas de negociación, el número de
víctimas seguía creciendo y la polarización política dificultaba la
finalización pacífica del conflicto. En 1989, tras la intervención de
Naciones Unidas, se iniciaron negociaciones que arrojaron acuerdos
concretos para la salida consensuada al conflicto. Se nombraron
comisiones negociadoras por ambas partes y se estableció una agenda para
tratar los puntos álgidos por resolver. Como resultado de la
negociación, se produjeron varios acuerdos y modificaciones de la
Constitución de la República, que permitieron que ambas partes cedieran
hasta lograr un consenso, en parte forzados por factores internos y
externos que influyeron en las decisiones.
El
documento final de los acuerdos se dividió en 9 capítulos que abarcan 5
áreas fundamentales: modificación de las Fuerzas Armadas, creación de
la Policía Nacional Civil, modificaciones al sistema judicial y a la
defensa de los Derechos Humanos, modificación en el sistema electoral y
adopción de medidas en el campo económico y social. El cumplimiento de
los acuerdos se dio bajo la tutela de una misión especial de Naciones
Unidas, la cual dio un finiquito tras 3 años de gestión.
cinflicto armado
Hacia
1979,
la violencia entre el gobierno derechista y la oposición izquierdista
degeneró en una guerra civil. La izquierda se organizó en la agrupación
que buscaba recoger el testimonio de
Farabundo Martí, el denominado
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), liderado por
Schafik Handal,
Salvador Cayetano Carpio y
Joaquín Villalobos, con apoyo de los sectores campesinos organizados en las zonas rurales y entre los sectores obreros urbanos. El
24 de marzo de
1980 el
Arzobispo de
San Salvador, Monseñor
Óscar Arnulfo Romero, fue asesinado durante la celebración de una
misa, en la
capilla del hospital Divina Providencia. A medida que el conflicto avanzaba, la
guerrilla obtuvo apoyo indirecto y directo también de
Cuba, y el pleno respaldo del régimen sandinista de
Nicaragua, una vez en el poder, tras el derrocamiento de la
dictadura somocista de
Anastasio Somoza Debayle el
19 de julio de
1979 por la
guerrilla marxista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (
FSLN). El
Ejército Popular Sandinista (EPS) de ese país apoyó al FMLN enviándole armas de origen
soviético, tales como los
fusiles de asalto AK-47 y
ametralladoras ligeras
RPK, ambos de
calibre 7,62 x 39 mm; las ametralladoras
PKM de
7,62 x 54 R y las
bazucas antitanque
RPG-7 a través del
Golfo de Fonseca. Se atribuyó la insurrección, la
Ofensiva general de 1981 a inicios del mes de enero del mismo año, a una conspiración soviético-cubano-nicaragüense y el
23 de febrero se dio a conocer un documento elaborado por la Agencia Central de Inteligencia (
CIA)
demostrando el envío de armas a los guerrilleros salvadoreños desde
Nicaragua. Muchos sandinistas dejaron sus hogares y se fueron a El
Salvador a combatir del lado del FMLN.
El gobierno, por su parte, movilizó al ejército y a la policía a fin
de combatir a la insurgencia. Con apoyo del gobierno norteamericano, se
estableció los
Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI), entre estas unidades de élite, el denominado
Batallón Atlacatl. El
gobierno de Estados Unidos envió al ejército salvadoreño, la
Fuerza Armada de El Salvador (FAES), fusiles de asalto
M16 de
5,56 x 45 mm, que fue el más usado por la FAES; algunas unidades de esta usaron los fusiles de asalto
Heckler & Koch G3 alemán, de 7,62 x 51 mm,
IMI Galil israelí de la misma munición del M16 y el
subfusil Uzi israelí de 9 mm. La FAES tenía varios
helicópteros Huey y Md 500 de defensa estadounidenses artillados, como los usados en la
Guerra de Vietnam, con los cuales patrullaban desde el aire las calles de la capital para descubrir a los
subversivos, término despectivo con el cual se le decía a los guerrilleros. Se implantó el
toque de queda a las 7 de la noche y el reclutamiento de menores de edad en la FAES aunque también hubo menores que lucharon en el FMLN.
En tanto, grupos de militares y policías al margen de la ley, con apoyo de empresarios y terratenientes, crearon los llamados
escuadrones de la muerte, que se dedicaban a aterrorizar las zonas rurales y paupérrimas, de donde el FMLN obtenía su mayor apoyo.
En dos oportunidades (
1981 con la
Ofensiva general de 1981, y en
1989, con la
Ofensiva hasta el tope) el FMLN intentó conquistar la ciudad capital,
San Salvador,
y las cabeceras departamentales sin conseguirlo, pues la FAES rechazó
el ataque de los guerrilleros que bajaron de las montañas que rodean a
la capital; en la última de las cuales la lucha llegó hasta pocas
cuadras de la Casa Presidencial. Cuando el
Presidente de Estados Unidos Ronald Reagan tomó posesión del poder el
20 de enero
de 1981 presentó esa ofensiva, iniciada 3 semanas antes, como una
prueba del avance soviético en Latinoamérica. Los gobiernos de
México,
Venezuela y
Francia reconocieron al FMLN como una fuerza beligerante legítima